Censura e incoherencias

Quien (correctamente) opina en favor de menos censura, también debiera opinar por menos regulación del mercado laboral, del mercado del transporte y de otros mercados de bienes.

La regulación estatal que se está desarrollando se basa en una concepción incoherente de las capacidades del Estado y de los consumidores. Esta incoherencia ya fue detectada por Ronald Coase, Premio Nobel de Economía 1991, en un artículo publicado en 1974. Coase establece un paralelismo entre el mercado de bienes y el mercado de las ideas y dice que muchas personas (que él llama “intelectuales”) piensan que es importante regular el mercado de bienes, pero consideran un sacrilegio regular el mercado de las ideas (por el “mercado de las ideas”, Coase se refiere al ámbito en que se desarrollan las actividades de expresión de ideas a través de la palabra escrita u oral.) Esto en buena parte está indicado por lo que sucede en Chile en algunos ámbitos, en que se propone, a la vez, una rigidización de la regulación laboral y acabar con la censura.
Quienes así actúan tienen una visión del Estado que supone que, en el mercado de bienes, el gobierno está correctamente motivado para el desarrollo de sus actividades regulatorias y es competente para realizarlas bien. Por otro lado, piensan que en un mercado sin regular los consumidores no tomarían decisiones correctas y los productores se aprovecharían de ellos.

En cambio, en el “mercado de las ideas” la posición de estos intelectuales es muy diferente. El gobierno, si tratara de regular dicho mercado, lo haría en forma incompetente y sus motivos serían inadecuados, de tal manera que aún si fuera capaz de obtener sus objetivos, los resultados serían inconvenientes desde el punto de vista de la comunidad. Adicionalmente, los consumidores en este mercado, cuando se les deja libres, ejercen una adecuada discriminación entre las diferentes opiniones que se les presentan.

Esto constituye una ambivalencia, tanto con respecto a las motivaciones y capacidades del gobierno, como a las de los consumidores. En el extremo, se afirmaría que en el área de las ideas debe reinar el laissez faire, pero en el área de los bienes éste sería inconveniente.

Se piensa que un mercado libre de las ideas es esencial para la sobrevivencia de instituciones democráticas. La democracia se basa en proteger a los individuos contra las arbitrariedades del gobierno y en la confianza en el criterio de los votantes al optar entre ideas y elegir un determinado candidato para la Presidencia o el Congreso. Sin embargo, desconfía del criterio del consumidor al elegir entre bienes, y cree que en ese ámbito los individuos no tienen que ser protegidos del Estado sino por el Estado.

Pero ¿cómo puede explicarse que la intervención estatal, que es tan perjudicial en un ámbito, sea tan beneficiosa en el otro? ¿Cómo puede explicarse que el individuo, que es tan sabio en un ámbito, sea tan inepto en el otro? No trataré de explicarlo, me basta con indicar la paradoja.

Es una paradoja porque los actores en ambos mercados son los mismos: los consumidores tienen algo de información, pero no toda; los reguladores tratan de hacer bien su tarea, pero en muchos casos no lo hacen, ya sea por la influencia de intereses particulares o por incompetencia o porque no tienen ni mejor ni más información que las personas. Esto no quiere decir que la política pública tenga que ser igual en todos los mercados, más bien que debiéramos basar la política pública en las mismas premisas y en el mismo método. De hecho, si aplicáramos al mercado de las ideas las premisas y el método aplicado comúnmente al mercado de bienes, encontraríamos que muchos de los argumentos utilizados para regular algunos bienes se dan en el mercado de las ideas.

Por ejemplo, tomemos la posibilidad de engaño del consumidor. Es difícil de creer que el consumidor promedio esté más capacitado para evaluar ideas alternativas sobre política económica o social, que para elegir la marca de detergente que compra. O tomemos los intentos del gobierno de evitar el fraude en el mercado de bienes. Es difícil de negar que los discursos de algunos políticos incluyen afirmaciones que son erróneas y/o tendenciosas. Sin embargo, no por ello se argumenta en favor de una Comisión que evite el engaño a los votantes como fruto de dichas afirmaciones: se supone que los votantes serán capaces de discriminar adecuadamente.

Es imposible hacer una política pública coherente sobre la base de esta ambivalencia respecto a la capacidad del gobierno vis a vis la de los votantes/consumidores. Si se tienen ambas visiones a la vez, siempre se puede tomar una en un mercado de un producto y otra en otro mercado, haciendo a la política impredecible (y arbitraria). Por lo tanto, uno debe decidir si el gobierno es tan incompetente como se le supone al evaluar la regulación del mercado de las ideas, o tan competente como se le supone al evaluar la regulación del mercado de bienes; uno debe decidir si las personas son tan competentes para tomar decisiones como se le supone en un caso o tan incompetentes como se les supone en el otro.

A mi juicio, quien (correctamente) opina en favor de menos censura, también debiera opinar por menos regulación del mercado laboral, del mercado del transporte y de otros mercados de bienes.

C.Sapelli

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